viernes, 11 de diciembre de 2009

LA DISPUTA POR EL CATASTRO LA PAGA EL CONTRIBUYENTE.

260 mil dólares irán prácticamente a la nada con la realización del nuevo levantamiento catastral que realiza la Municipalidad de La Concordia.
El año pasado, la administración municipal a cargo de Carlos Barcia Molina, realizó el catastro del cantón a un costo de 130 mil dólares, pero el alcalde Walter Ocampo Heras a decidido hacer el mismo trabajo y con el mismo personal.
Javier Mendoza, quien estuvo al frente de los trabajos, dice que él entregó toda la información al Municipio de La Concordia y dice que Ocampo actúa de esa forma porque “odia a los esmeraldeños y lo que hacemos, para él no sirve”.
Javier Mendoza, fue responsable del catastro con Carlos Barcia, entonces alcalde de Quinindé que estaba a cargo de la administración del cantón La Concordia. Según Mendoza, lo que quiere Ocampo es gastar al máximo el presupuesto y por eso, desconoce el trabajo que está “muy bien realizado” y no utiliza las fichas que usan municipalidades como Guayaquil y Quito si no unas con las que trabaja el personal de Santo Domingo. “No las usa por capricho, por odio a todo lo que es de Esmeraldas” insiste Mendoza.

Le culpan a Quinindé
Pero es otra la versión que manejan los concejales pues a ellos se les ha informado que es la Municipalidad de Quinindé la que no quiere entregarles la información catastral y que por eso la Concordia se ha visto obligada a realizar otro catastro. Debido a esto, concejales como José Aguirre proponen ir en comisión a Quinindé a exigir que se les entregue el banco de datos y de ser necesario tomar las acciones legales.

Fichas mal hechas
El alcalde Walter Ocampo por su parte, dice que las “fichas están mal hechas” y que de cada 10, 8 tienen incongruencias e incluso se alteran los datos para beneficiar a ciertas personas pudientes por lo cual ha ordenado un nuevo levantamiento catastral y solicitado a la Contraloría la investigación para sancionar a los responsables de lo que sería un perjuicio a La Concordia.
De toda forma, como señala José Aguirre, “es plata del pueblo que se desperdicia y eso es un delito”.

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